Con la ratificación por parte del Tribunal Supremo de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 21 empresas de concesionarios de coches por haber creado un cártel se abre una vía para particulares y empresas de reclamar las correspondientes indemnizaciones.

La sentencia recoge que las empresas integraban un llamado «cártel de coches» y que de forma fraudulenta se filtraban entre ellas información confidencial a lo largo de varios años, lo que supuso que sus políticas comerciales fueran menos agresivas y por tanto ofrecieran a los consumidores descuentos inferiores a los que ofrecía el mercado en general.

Se estima que los compradores de un automóvil y debido a  estas prácticas anticompetencia habrían pagado entre 2.000 y 9.000 euros de más sobre el precio de venta del vehículo a lo largo de esas fechas lo constituye un claro perjuicio para los mismos

¿Cómo se puede reclamar?

La fórmula para iniciar la reclamación de ese sobrecoste tiene dos vías; por un lado se puede hacer de manera individual o bien a través de asociaciones como la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, que ha elaborado un formulario específico.

La documentación que se debe aportar para realizar la reclamación, tanto para personas físicas como jurídicas, esla factura de la compra o la acreditación del pago del alquiler o del leasing del vehículo. También, en el caso de haber abonado reparaciones, será necesario adjuntar la ficha técnica del vehículo y los contratos correspondientes.

Estas son las compañías a las que se puede reclamar la indemnización, de acuerdo con el listado de la AACC:

• AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. como empresa distribuidora de los automóviles de la marca CITROËN en España
• B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A. como empresa distribuidora de los automóviles de la marca MITSUBISHI en España
• BMW IBÉRICA, S.A.U. como empresa distribuidora de los automóviles de la marca BMW en España
• CHEVROLET ESPAÑA, S.A.U. como empresa distribuidora de los automóviles de la marca CHEVROLET en España
• CHRYSLER ESPAÑA, S.L., como empresa distribuidora de los automóviles de las marcas CHRYSLER, JEEP y DODGE en España
• FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN, S.A., como empresa distribuidora de los automóviles de las marcas FIAT, ALFA ROMEO y LANCIA y desde julio de 2010 de las marcas CHRYSLER, JEEP y DODGE en España
• FORD ESPAÑA, S.L., como empresa distribuidora de los automóviles de la marca FORD en España
• GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U., empresa distribuidora de los vehículos de la marca OPEL en España
• HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, S.L., empresa distribuidora de automóviles de la marca HONDA en España
• HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.U., empresa distribuidora de la marca HYUNDAI en España
• KIA MOTORS IBERIA, S.L., empresa distribuidora de la marca KIA en España
• MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A., distribuidora de la marca MERCEDES en España
• NISSAN IBERIA, S.A., como empresa distribuidora de la marca NISSAN en España
• PEUGEOT ESPAÑA, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de la marca PEUGEOT en España
• PORSCHE IBÉRICA, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de la marca PORSCHE en España
• RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de la marca RENAULT en España
• SEAT, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de la marca SEAT en España
• TOYOTA ESPAÑA, S.L., empresa distribuidora de los automóviles de las marcas LEXUS y TOYOTA en España
• VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de las marcas AUDI, SKODA y VW en Españ
• VOLVO CAR ESPAÑA, S.A., empresa distribuidora de los automóviles de la marca VOLVO en España

Con esta ratificación del Tribunal Supremo se han desestimado los diversos recursos de casación presentados por 15 de los fabricantes, confirmando las sanciones en sentencias dictadas en diciembre 2019.

La multa, de 171 millones de euros a pagar entre las compañías involucradas, a excepción del Grupo Volkswagen por colaborar, ha supuesto la mayor sanción impuesta a la industria del automóvil al acreditarse que desde fabricantes hasta distribuidores, durante 7 años, se filtraron de forma secreta, información confidencial.