En España, a partir del 1 de enero del pasado año, Hacienda ha cambiado el sistema para tasar los bienes que se heredan y venden. Incluido en el proyecto antifraude, esta nueva fórmula ha creado y seguirá creando una mayor carga tributaria en procesos como herencias y compraventas.

El valor de referencia catastral busca simular un valor de mercado del inmueble y la administración obliga al contribuyente a establecer dicho valor como base imponible en el impuesto de sucesiones y donaciones, así como para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).

Hacienda calcula el valor de referencia a partir de precios de transacciones de inmuebles, según información facilitada por Notarios y Registradores. Sin embargo, esto se basa en una media de valores de la zona, lo que puede generar discrepancias entre la administración y el contribuyente, ya que no tiene en cuenta el estado de conservación del inmueble, ni se visita la vivienda.

En caso de no estar de acuerdo con el valor de referencia propuesto por Hacienda, el contribuyente tiene dos opciones: hacer frente al pago del impuesto estableciendo como base ese valor de referencia y luego solicitar la rectificación de la liquidación y devolución de los ingresos indebidos, o establecer como base el valor escriturado y correr el riesgo de que la administración presente una notificación imponiendo el valor de referencia, el pago de intereses de demora y una multa.