En qué consiste la Ley de protección de consumidores vulnerables

En qué consiste la Ley de protección de consumidores vulnerables

El Gobierno ha aprobado la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, para garantizar una protección eficaz de sus derechos.

La protección de los derechos de los consumidores en situación de vulnerabilidad es un tema muy importante que ha sido objeto de debate en los últimos tiempos ya que es un colectivo cada vez más numeroso formado por personas que no solo tienen dificultades económicas.

¿Quiénes son considerados consumidores vulnerables? La nueva ley amplía la definición de consumidor vulnerable, considerándolo como cualquier persona que, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentre en una situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impida el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.

Esta definición engloba a un amplio espectro de personas, incluyendo a los mayores de edad que tienen dificultades para actuar en ámbitos complejos como el sector financiero, aquellos que no han podido desarrollar la capacidad de manejarse adecuadamente por internet y a los que les resulta difícil acceder a bienes o servicios básicos.

La Ley 4/2022 modifica varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de proteger a los consumidores vulnerables. Uno de los cambios más importantes es en el etiquetado de los productos y la presentación de bienes y servicios para garantizar que sean fáciles de entender y acceder.

En los sectores básicos como las comunicaciones y la energía, se prevé la adopción de medidas que garanticen la protección de estos colectivos en cuestiones clave, como la atención posterior a la celebración del contrato y la garantía de acceso a bienes o servicios básicos.

En el ámbito financiero, la disposición final tercera de esta ley establece que el Gobierno promoverá un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables en un plazo máximo de tres meses. Entre las medidas destacan: garantizar que el cierre de oficinas no lleve aparejado el cierre de cajeros automáticos externos, incrementar el personal de apoyo para que las personas con menos capacidades digitales puedan realizar las operaciones necesarias, promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables, implantar tecnologías de acceso a la banca que sean sencillas, comprensibles e inclusivas, y aumentar la seguridad para proteger a los usuarios de banca de robos, engaños o estafas en línea.

Es importante señalar que aunque la ley es un paso significativo en la protección de los consumidores vulnerables, aún quedan por adoptar medidas concretas. Por lo tanto, habrá que esperar al desarrollo reglamentario y en cada uno de los ámbitos sectoriales afectados, para saber si realmente se ha avanzado en el objetivo de una mayor protección en el ámbito de consumo para aquellos colectivos más vulnerables.

 

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