El pasado 28 de mayo, entró en vigor la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por la que, a partir de ahora, se garantiza el derecho de los consumidores de pagar en efectivo en cualquier establecimiento.

En el artículo 82.4 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 noviembre, se determina el reconocimiento de infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores y modifica el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre infracciones en materia de defensa de los consumidores, al contemplar como infracción la «negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal».

Esta infracción tendrá la consideración de falta leve que podría pasar a grave o muy grave en determinadas circunstancias como aprovecharse de necesidad de determinados productos o servicios, ser reincidente en la práctica o producir alteraciones sociales graves, no justificadas y previsibles, entre otras.

La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscilan entre los 150 y los 10.000 euros, «pudiéndose sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido».

Una medida más para evitar la exclusión financiera

«En estos momentos, el capital circulante es más alto que nunca y, además, no hay que olvidar que en el mundo hay 1.600 millones de personas desbancarizadas, con lo que no podemos plantear debates sobre el efectivo sin tener en cuenta que existen importantes segmentos de población, como en el ámbito rural, cuya actividad diaria depende del efectivo y, por lo tanto, quedarían totalmente excluidos», destacó la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

También se está trabajando en la elaboración de un mapa de riesgos y situaciones de exclusión financiera atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos y culturales, para que sirva como base para el despliegue de soluciones que aseguren el derecho de acceso al dinero en efectivo y a otros servicios financieros, con una infraestructura esencial, viable y sostenible.