Este «fenómeno» está perfectamente definido. Entendemos como obsolescencia programada a la vida útil que una empresa o fabricante establece para. Por tanto, podemos decir que dicho artículo se ha diseñado concretamente para que al cabo de un tiempo dejé de funcionar total o parcialmente.

Este comportamiento que, lamentablemente asumimos como normal, forma parte de una estrategia de las marcas para deshacerse de productos inútiles y que los consumidores se ven obligados a adquirir los último modelos.

Por tanto podemos decir que el único interés de las empresas es aumentar sus cuentas de resultados a costa de las necesidades o bienestar de los consumidores así como de otros aspectos como el impacto climático.

Seguramente muchos de nuestros lectores se han encontrado con esta situación: el fallo repentino de algún componente de un equipo eléctrico o electrónico y la imposibilidad de repararlo al no haber repuestos por encontrarse descatalogado o no ser compatible con el artículo más reciente puesto a la venta.

¿Te suena verdad? Lo cierto es que esta forma tan poco de ética de actuar por parte de la mayoría de fabricantes hace que consideremos normal sustituir un producto cuando deja de funcionar con lo supone para la economía de los consumidores.

Hay iniciativas tanto a nivel estatal como europea para combatir estas prácticas abusivas regulando de alguna forma la eliminación de la obsolescencia programada mediante «certificaciones» que garanticen la ausencia de la obsolescencia programada. Un ejemplo es el ISSOP español (Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada) que tiene como finalidad el aumento de las garantías ofrecidas por el fabricante en sus productos.