Ya no hay sucursales bancarias en el 57% del territorio español

Ya no hay sucursales bancarias en el 57% del territorio español

En los últimos años hemos presenciado cómo resulta cada vez más difícil encontrar una oficina bancaria en la España rural.

Según los últimos datos del Banco de España, en total, ya son 4.618 pueblos, de los 8.131 que se distribuyen a lo largo del territorio nacional, los que carecen de oficina bancaria, lo que significa que más del 57% de los municipios no tienen acceso a servicios financieros de forma presencial.

Además, en el último año, las entidades financieras cerraron sus sucursales en 121 municipios más, a pesar de los planes acordados junto al Gobierno para la inclusión financiera de colectivos vulnerables.

La cifra de cierres de oficinas en 2022 se ha visto condicionada porque Unicaja acometió gran parte de su plan de reestructuración de la red tras la fusión con Liberbank, sin embargo, la reestructuración debido a la continua digitalización del negocio y los planes de ahorro de costes en la época de los bajos tipos de interés han dejado una escuálida red de oficinas bancarias en la llamada España vaciada.

En el proceso de cierre de oficinas bancarias las provincias del norte de la península y las del Mediterráneo han sido las más afectadas, lo que ha dificultado cada vez más encontrar establecimientos financieros en el territorio. En cambio, en la mitad sur, las islas y Galicia, el número de oficinas bancarias se ha mantenido más estable.

La comunidad autónoma que más ha sufrido el cierre de sucursales es Castilla y León ya que en la mayor parte del territorio no hay ninguna sucursal.

Las nueve provincias castellano-leonesas se ubican entre las diez primeras con mayor porcentaje de municipios sin oficina bancaria. Además, Palencia es la provincia con mayor tasa de municipios sin sucursal, con el 91,6%, mientras que en Zamora, Salamanca, Ávila, Valladolid, Soria, Burgos y Segovia la tasa de pueblos sin oficinas es superior al 80%. León se sitúa cerca, con el 78,2%.

En otras provincias, como Guadalajara, Cáceres, La Rioja, Castellón, Teruel, Cuenca, Almería, Tarragona y Huesca, más del 60% de los municipios están desiertos de sucursales bancarias. Y en Lleida, Cantabria, Zaragoza, Girona y Navarra, más de la mitad del territorio carece de establecimientos bancarios presenciales.

En total, 23 provincias cuentan con más de la mitad de sus municipios sin sucursal.

Para paliar la brecha financiera, las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc crearon el Observatorio de Inclusión Financiera. Se trataba de una iniciativa con el objetivo de detectar los problemas que afrontan los colectivos más vulnerables a la hora de acceder a los servicios financieros para diseñar medidas de ayuda.

La realidad es que lejos de ofrecer soluciones viables a estos municipios, las entidades bancarias han continuado con su proceso de desmantelación de sucursales «poco rentables» obviando las necesidades de los usuarios.

Además, también se han lanzado iniciativas para fomentar la educación financiera y digital entre la población rural para que puedan acceder a los servicios financieros a través de la banca online y móvil, por ejemplo.

La digitalización de la banca, de hecho, ha sido una de las principales razones por las que se han cerrado sucursales bancarias en las zonas rurales. El sector bancario ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y a las preferencias de los consumidores, que cada vez utilizan más la banca online y móvil.

A pesar de las iniciativas llevadas a cabo por las entidades financieras y el gobierno para paliar la situación, la falta de sucursales bancarias en zonas rurales sigue siendo una problemática importante.

La inclusión financiera es fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales, y la falta de acceso a servicios financieros puede limitar su capacidad de crecimiento y prosperidad.

En conclusión, la desaparición de sucursales bancarias en zonas rurales de España es un problema que afecta a una gran cantidad de municipios y comunidades autónomas. Aunque se han llevado a cabo iniciativas para paliar la situación, aún queda mucho por hacer para garantizar la inclusión financiera en estas zonas y fomentar su desarrollo económico y social.

La digitalización de la banca, la educación financiera y la cooperación entre entidades financieras y gobierno son claves para abordar este problema y asegurar un acceso equitativo a los servicios financieros en todo el territorio español.