Con 107 medidas claras y contundentes, este documento busca garantizar un uso saludable y seguro de la tecnología desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Estas recomendaciones destacan la importancia de limitar el acceso y uso de dispositivos digitales según la edad y priorizar una educación tecnológica supervisada y consciente.

Tecnología y menores de 6 años: un enfoque prudente

El informe subraya que los menores de 3 años no deben exponerse a dispositivos digitales. Entre los 3 y 6 años, se desaconseja su uso, mientras que hasta los 12 años debe mantenerse controlado y limitado (control parental).

Estas pautas responden a la creciente preocupación por el impacto en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los menores.

Adolescentes: teléfonos analógicos como alternativa

Para jóvenes de entre 12 y 16 años, se recomienda el uso de teléfonos analógicos, sin acceso a Internet. Si se opta por dispositivos inteligentes antes de los 16 años, el control parental y la supervisión se consideran imprescindibles para gestionar el tiempo de uso y el acceso a contenidos.

Educación digital: una herramienta y no un fin

En el ámbito educativo, el informe defiende un enfoque analógico en los primeros años de escolarización. Los dispositivos digitales deben utilizarse solo como herramientas pedagógicas justificadas y supervisadas en etapas más avanzadas. En los centros escolares, el uso de dispositivos personales queda restringido salvo en casos excepcionales.

Nuevas responsabilidades para la industria tecnológica

El comité también apunta a la necesidad de responsabilizar a las empresas tecnológicas mediante normativas que incluyan etiquetados de advertencia sobre riesgos, sistemas de verificación de edad y la creación de entornos digitales prediseñados para garantizar la seguridad de los menores.

Salud mental y adicciones digitales: un problema de salud pública

El informe clasifica las adicciones tecnológicas y los problemas de salud mental derivados de la tecnología como un desafío de salud pública. Se propone capacitar a profesionales sanitarios para identificar y tratar estas problemáticas, y se aboga por la creación de un Observatorio de Salud Mental y Adicciones Tecnológicas.

Legislación: hacia una protección integral

Además, se insta al desarrollo normativo de leyes como la Lopivi, la Ley Estatal LGTBI+ y la implementación de juzgados especializados en violencias digitales. También se plantea la necesidad de formar a las fuerzas de seguridad para combatir las redes de violencia online.

Hacia un entorno digital seguro

El informe no solo ofrece soluciones inmediatas, sino que traza un camino a largo plazo para construir un entorno digital más seguro. La participación activa de los menores en estas estrategias y la colaboración entre administraciones y sectores serán clave para garantizar su eficacia.