Con esta herramienta, se mejora la capacidad del Estado para vigilar, inspeccionar y sancionar abusos empresariales masivos, garantizando procedimientos administrativos en materia de consumo que lleven a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, según lo exige la Unión Europea.

Se han establecido categorías de multas según la gravedad de la infracción:

– Leves (entre 150 y 10.000 euros, con posibilidad de alcanzar hasta el doble o cuádruple del beneficio ilícito obtenido),

– Graves (entre 10.001 y 100.000 euros, con posibilidad de alcanzar hasta el cuádruple o sextuple del beneficio ilícito obtenido).

– Muy graves (entre 100.001 y 1.000.000 euros, con posibilidad de alcanzar hasta el sextuple o octuple del beneficio ilícito obtenido, con publicidad de la resolución sancionadora)

– Generalizadas o generalizadas con dimensión en la Unión Europea (hasta el 4% del volumen de negocio anual del empresario infractor en España).

Entre las infracciones sancionables se encuentran aquellas que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o la seguridad de la población, el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

En 2023, el Ministerio de Consumo seguirá desarrollando políticas de protección para los consumidores, con un presupuesto de más de 17 millones de euros (17,27% más que en 2022). Además, planea impulsar el Sistema Arbitral de consumo con subvenciones para las Juntas Arbitrales regionales y locales, y se espera que el Congreso apruebe la Ley de Servicios de Atención a la Clientela en los próximos meses.